¿Quis custodiet ipsos custodes?

Se acaba el anonimato en los teléfonos con sistema prepago, dicen que para evitar su uso por parte de delincuentes.

La U.E., por instancias de Gran Bretaña y con gran apoyo de España, aprobó una recomendación a los Estados miembros para que estudien la identificación de usuarios de tecnología de tarjetas de prepago.
En Italia ya es obligatorio desde hace tiempo y han reconocido que no ha servido para luchar contra el crimen organizado. En Colombia, según he podido leer, se llegó a prohibir hace un tiempo el sistema de 'número oculto' en las llamadas (¿Será éste el siguiente paso en Europa?).

Argumentan que el anonimato del comprador hace imposible el seguimiento, pero sin embargo: 1) Pueden rastrearse las comunicaciones de cualquier móvil (y no es un sólo cosa de películas) 2) Puede localizarse el lugar origen de una llamada (hay servicios de este tipo que pueden ser contratados incluso por los propios usuarios). 3) Una cosa es quien compra el teléfono y otra quien lo usa (¿o el móvil te lo van a soldar a la cara una vez que te identifiques?)

Un portavoz de Interior aseguró que tendrán que ser las operadoras españolas las que encuentren los medios y hagan posible esta identificación (¿Y los gastos? Adivinen a quién se los van a endosar. Exacto, a los de siempre).

Será obligatoria la identificación de quien compra un número de teléfono y guardar los datos durante al menos un año. Hasta ahora esos datos (cuando los obtenían, vía la típica promoción de x€ de saldo a cambio de cubrir una tarjeta con los datos) los almacenaban las compañías durante tres meses, y sólo por asuntos de facturación (algo que no acabo de comprender, y que me suena más a recopilación de bases de datos comerciales) . A partir de la entrada en vigor de la Ley el periodo será de 12 meses, el doble de lo que se fijó en la UE.

La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, y establece la obligación para los operadores de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas. Esa exigencia no afectará nunca al contenido de la comunicación y requerirá siempre una autorización judicial (¿Quién vigila a los vigilantes?). Los datos que las compañías telefónicas deben retener corresponden a comunicaciones tanto de teléfonos móviles como de fijos. (¿Y cuánto tiempo tardarán en querer controlar el contenido de las comunicaciones? Y eso sin entrar en quién vigilará que uno de los que tengan acceso legítimo a esa base de datos decida venderla bajo manga a cualquiera para sacarse un sobresueldo...)

En España hay unos 39 millones de usuarios de telefonía móvil, y 24 millones usaban tarjetas prepago. De esos 24 millones, las compañías ya han identificado a unos 8 millones. Los 16 millones restantes siguen en el anonimato. O seguían hasta ahora. Y puestos en fila son 16 millones de votos.

Pero parece que no nos importa sacrificar la libertad y privacidad en pro de una hipotética seguridad. ¿Acabaremos usando el equivalente al programa PGP para encriptar nuestras conversaciones telefónicas?

Indignante.